MAS Y EL ASUNTO CATALÁN

A día de hoy, y ante un nuevo desafío de Arturo Mas, un personaje que parece sacado de una película de Woody Allen, grandes sectores de la sociedad española no tienen claro cual va a ser el futuro de Cataluña, pues el gobierno del Partido Popular, presidido por don Mariano Rajoy, sólo ofrece como respuesta a la bravata la negación contundente ante la prensa, sin que ese gesto vaya avalado por medidas políticas y/o jurídicas con las que cercenar la provocación y devolver la confianza a la Nación.

Pero el reto catalán, cuyo apoyo en aquella comunidad oscila según el momento, no es el capricho de un paranoico quijote de tercera que quiere pasar a la historia con los honores de un salvador; ni las consecuencias que tendría la supuesta independencia dependen únicamente de ese ente, que a veces parece virtual, que es la Unión Europea.

España vive todavía los efectos de la descomposición que siguieron a la pérdida del enorme imperio colonial en el siglo XIX; en este estado de ánimo, que pudo haber sido superado tras la Guerra Civil de 1936-1939 y en el periodo que siguió a la finalización de la misma, la Transición no fue más que una vuelta atrás, con los mismos protagonistas partitocráticos. En la mayoría de los casos, los partidos protagonistas se reciclaron ideológicamente para adaptarse a los nuevos tiempos, sin perder de vista los objetivos fallados antes del conflicto bélico; para otros partidos (PCE), aquellos líderes ya ancianos, que habían abandonado España derrotados, fueron recibidos en olor de multitudes como los héroes del fracaso. Se retomaron –como acostumbran a decir los conductores de los telediarios- los viejos propósitos y se repartieron España en 17 reinos de taifas. Todos ustedes saben las consecuencias políticas, económicas y sociales de las que somos víctimas como consecuencia de este reparto, que se había iniciado en tiempos de la II República y que continuó con la política de Adolfo Suárez, la genialidad del profesor Clavero Arévalo y el beneplácito de Juan Carlos I. Con ello, volvíamos a la situación anterior a la Guerra Civil.

¿En qué ha cambiado la situación desde entonces? Los analistas políticos dicen que una de las causas del “recrudecimiento” independentista catalán (apagado durante la Transición cuando su hermano vasco dejaba la huella del “nueve largo parabelum” en la nuca de jóvenes policías y guardias civiles), tiene su clave en la descomposición del PSOE, por una parte, y en ese fenómeno que es la corrupción que, como el chapapote, ha manchado las costas del sistema político actual y enriquecido a muchos de los que viven del cuento de la política. Conviene recordar, sin embargo, que allá en los tiempos de la II República, un diputado socialista por Oviedo, el doctor Mouriz Riesgo, “el obrero de la Ciencia”, abandonó su acta de diputado precisamente ante el desarrollo que el Estatuto catalán estaba alcanzando y, sobre todo, por el apoyo que su partido, el PSOE, le estaba prestando, lo que él mismo calificó como una “catástrofe nacional”, tras haber discutido en los salones aledaños al hemiciclo con el diputado catalán Carrasco Formiguera sobre esa cuestión en repetidas ocasiones.

Más recientemente, el nuevo líder elegido por el señor Rajoy para dirimir los asuntos catalanes en Cataluña, Javier García Albiol, pronunció esa frase que ha dado mucho que hablar: “se acabó la broma”, dejando entrever que, hasta en su propio Partido Popular, la cosa parece un chiste.

Mas no es el inventor de esa moneda de cambio que es el independentismo catalán, usado para exprimir la ubre de la madre España, pero Mas se ha convertido en el elemento más desafiante y, a día de hoy, sólo los casos de corrupción en los que parece implicado su partido, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), y su líder espiritual, Jorge Pujol, pueden hacer recapacitar a la sociedad catalana sobre la conveniencia o no de dejarse manipular por las pretensiones independentistas, y sería una recurso temporal, mientras en España no encuentre una solución a la amenaza separatista, que implicaría una reforma de la Constitución en la línea que los españoles, que no los políticos, demandan.