Honorio FEITO | Martes 06 de febrero de 2018
Invitado por la asociación cultural Viento del Norte, que periódicamente celebra conferencias, encuentros y otros actos en Luarca (Asturias), acudí el pasado 26 de enero a la Casa de la Cultura de aquella localidad cantábrica, capital del concejo de Valdés, para hablar del que fue magistrado del Tribunal Supremo, en tiempos de la Segunda República, don Eduardo Iglesias Portal. Hasta hace unos meses, apenas nadie sabía quién era Iglesias Portal. Ahora, gracias a los artículos de Enrique de Aguinaga, de José María García de Tuñón y míos, el lector tiene referencias en Google para satisfacer, al menos, un primer requerimiento.
Hablar de Iglesias Portal es, por otra parte, hablar de ese periodo crispado, contradictorio y convulso que fue la Segunda República, que pesa como una losa en la memoria colectiva de los españoles y que parece aferrarse a nuestra conciencia con determinación, y también hablar del periodo doloroso del exilio para muchos españoles que aceptaron lo evidente, y salieron con dignidad para enfrentarse al alejamiento de sus familias, de sus amigos, de sus trabajos.
Eduardo Iglesias Portal (Luarca, 25.VII.1884- Aguilar de la Frontera, 19.I.1969), protagonizó varios casos de especial significación en aquellos años. Aunque no existe un expediente académico o, si existe, no está localizado, sabemos que se doctoró con nota de sobresaliente en la Universidad Central en 1903. En 1908 obtuvo el empleo de juez con el número 17 entre los aspirantes y en 1910 se estrenó en el juzgado de Becerreá (Lugo), comenzando una carrera esmerada. El primer caso mediático que protagonizó fue como consecuencia del asalto al tren expreso que cubría la ruta Madrid-Córdova. El 12 de abril de 1924, el coche correo fue asaltado y asesinados los dos empleados que viajaban en el vagón. Este caso le reportó cierta fama en los periódicos y un enfrentamiento con el Directorio Militar, que fue quien al final llevó el caso. Más tarde, Iglesias Portal instruyó diligencias por los asuntos ocurridos en Madrid y Alcalá de Henares por el golpe fallido del general Sanjurjo, por el que también estuvo detenido José Antonio, aunque luego fue puesto en libertad sin cargos; e instruyó diligencias al frente del tribunal especial nombrado en el Supremo por el asesinato de Calvo Sotelo, con el robo del sumario por elementos de la Motorizada, el cuerpo paramilitar dependiente de Indalecio Prieto. Tras el juicio a José Antonio, aún le tocaría la vista celebrada para depurar las responsabilidades de la cúpula del POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), ya desaparecido su líder, Andreu Nin, y enfrentándose de nuevo al doctor Negrín, que pedía la pena de muerte para los inculpados acusándolos de ser espías de Franco y de Hitler.
De la mano de Álvaro de Albornoz, paisano suyo y contemporáneo, alcanzó notables ascensos como la llegada al Tribunal Supremo en 1932, cuando aún no había cumplido los 50 años. Iglesias Portal fue un magistrado comprometido con La República, y eso le valió para alcanzar aún más notables puestos como el haber sido presidente del Tribunal de la Junta Depuradora de la Administración de Justicia, actuando en las provincias de Albacete y Murcia, y presidente del Tribunal Central de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo. Y también fue un hombre de profunda fe católica, lo que muestra la evidencia de que se podía ser ambas cosas republicano y católico.
El caso más notable por el que el juez ha sido recordado, por algunas personalidades ligadas a la política o a la judicatura, es el de haber sido el presidente del Tribunal Popular que condenó a la pena de muerte a José Antonio Primo de Rivera, en la madrugada del 18 de noviembre de 1936. El abrazo con que José Antonio saludó al juez, apenas serle comunicada la sentencia de muerte, del que se hizo eco José Luis Sáenz de Heredia en su artículo titulado El aturdimiento de los predispuestos, publicado en noviembre de 1968, en la revista de la Sección Femenina, Teresa, abrazo que ha pasado desapercibido para la gran mayoría de biógrafos de José Antonio, y para los que se han ocupado del proceso, es una prueba concluyente de la amistad entre ambos personajes, porque quienes dan cuenta de ese abrazo fueron, precisamente, las hijas del juez Eduardo Iglesias Portal cuando, desde Méjico, donde se encontraba su padre en pleno exilio republicano, escribieron el 30 de enero de 1955 al entonces embajador de España en Londres, Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermano de José Antonio, y también condenado en aquella vista a la pena de cadena perpetua, para pedirle su intermediación a favor del indulto a su padre: Si su excelencia estuvo presente en el juicio, -dice la carta- recordará que al terminarse y comunicarle la sentencia, su hermano José Antonio subió al estrado y abrazó a nuestro padre y le dijo que sentía el mal rato que por su causa estaba pasando, pues no sé si sabrá que mi padre y él eran buenos amigos.
El decreto de indulto había sido publicado diez años antes, en octubre de 1945. Me sigue resultando sorprendente cómo, a pesar del tiempo transcurrido, ningún escritor falangista se haya interesado por la figura de Eduardo Iglesias Portal.
Estuvo 18 años en el exilio mejicano, como tantas otras destacadas personalidades identificadas con el régimen republicano. Su último gran servicio a este régimen y a las instituciones que aún lo recordaban fue formar parte de un equipo que revisó las cuentas de la Junta de Ayuda a los Refugiados Españoles (JARE), que manejaba Indalecio Prieto. De aquella comisión salió un informe que, si bien daba por bien empleados los recursos de la JARE, también es cierto que señalaba las dificultades de poder realizarlo de forma conveniente puesto que no había un inventario de inicio ni un libro mayor para ver la contabilidad. La JARE se había nutrido de una parte del botín del Vita, aquel yate de lujo que partió del puerto francés de Le Havre con sus bodegas atestadas de joyas, colecciones de numismática y auténticos tesoros que componían las reservas del Banco de España y de la Caja General de Recuperaciones.
Durante ese tiempo, los tribunales de la Causa General, basándose en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939, con efectos retroactivos desde 1934, buscaron datos sobre Eduardo Iglesias Portal al que le fueron abiertos dos expedientes. Finalmente, el 22.XII.1949, la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas lo condenó a una multa de 4000 pesetas. No pudieron encontrar ninguna mancha en su expediente salvo el haber sido una personalidad destacada del régimen caído en abril de 1939.
Eduardo Iglesias Portal fue autorizado a entrar en España en 1959. Lo hizo por la frontera con Francia, y no por avión desde Méjico. Se retiró a su casa de Aguilar de la Frontera para reunirse con su esposa, Ana de Arcos Tiscar, y sus hijos María, Teresa, Eduardo y Dolores, y sus familias respectivas. Falleció el 19 de enero de 1969 y vivió esos últimos diez años de su vida entre libros, olivos, nietos, amigos y viajes, en los veranos, a su villa natal de Luarca, sin que nadie interrumpiera su vida con leyes revisionistas, ni decretos que invocaran la venganza.