LO QUE NO QUIEREN QUE DIGAMOS

Se refería Melchor Fernández Almagro, en su libro sobre la Historia de la Segunda República 1931-1936, a las prosaicas palabras pronunciadas por los promotores de aquel régimen, allá por los años 30, tras los fallidos sucesos de Jaca y su continuación en Cuatro Vientos, y afirmaba el escritor que tales palabras parecían haberse vuelto contra ellos mismos apenas dos años más tarde: Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia, y un impulso que nos mueve a procurarla…” Es probable que algo parecido les esté pasando a los que han pretendido llevar a la aprobación del Congreso de los Diputados un nuevo proyecto de ley de Memoria Histórica que supone una vuelta de tuerca más a la cordura, a la paciencia y al sentido común.

Desde hace unos años, y especialmente, desde la presencia en el espectro partitocrático de los neo comunistas, los españoles vienen soportando una presión histórica, en un ejercicio histérico, si me permiten el juego de palabras, que trata de teñir de rojo no ya aquellos aspectos de nuestra Historia reciente, sino, aún más profundamente, la percepción que esos mismos acontecimientos provocan en nuestra memoria colectiva. O sea, lo que quieren borrar es, precisamente, nuestra memoria para poder escribir, negro sobre blanco, una historia inventada, acomodada a sus instintos, nacida de la maldad, la tergiversación, la manipulación, el enredo y la argucia que den lugar a una nueva historia ajena a la auténtica con la que reeducar a las nuevas generaciones, como es costumbre en ellos.

La Historia tiene dos fundamentos: los hechos, que son incuestionables en la mayor parte de las ocasiones, y las interpretaciones. El estudio del hecho aislado, fuera de su contexto, no aportaría prácticamente nada, pero en su contexto histórico, en su medio cronológico invita a cada uno al estudio, al por qué ocurrió, a descubrir las claves de aquel suceso relevante desde la perspectiva del tiempo pasado. Es probable que la maldad que acompaña en este caso a los podemitas, y a sus amigos socialistas, no tenga otro fin que lograr un campo yermo sobre el que sembrar la semilla de la discordia, ahora, para obtener el fruto deseado más tarde, que es el control de generaciones dóciles, nacidas y desarrolladas al margen del conocimiento real de lo que ocurrió e incapaces de reprocharles nada.

El proyecto que reformaría la dichosa ley de la Memoria Histórica, una ley que nació desde la execración de un personaje siniestro, Rodríguez Zapatero (que Dios nos mantenga alejado por los siglos de los siglos), que alcanzó de carambola uno de los más altos cargos de la nación, cual fue la Presidencia del Consejo de Ministros, de forma inexplicable, y que lejos de solventar las injusticias que pudieran haberse dado, por parte de los nacionales durante la Guerra Civil, lo que vino es a despertar de nuevo las insidias y los odios, en generaciones que no participaron en aquel conflicto, setenta años más tarde. El proyecto de reforma, digo, de aquella lastimosa ley, lo que pretende no es reivindicar, ni reparar, ni siquiera completar la que ya existe y que el Gobierno de España, que dirige y manda el señor Rajoy debió haber derogado en su momento, lo que pretende es doblegar a los que respondemos a nuestro compromiso con la Historia, con su conocimiento y con su divulgación.

La futura ley prohibiría hablar del anterior régimen, ensalzarlo, enumerar sus logros, reconocer que fue el origen del sistema actual, porque la Historia (y eso lo sabemos, incluso, los que no pertenecemos a la Academia), es una cadena de eslabones, y no se puede contemplar cada uno por sí mismo, sino dentro de la sucesión continuada. La España que nace de la Constitución del 78, la de la llamada Transición, la llamada “democrática” - ¡qué cantidad de tonterías oímos a políticos y analistas! - fue posible porque el régimen de Franco lo dispuso, les guste o no a podemitas, socialistas y monárquicos; y la Transición no fue para nada el inició de la reconciliación nacional.

Pretenden impedir, por ejemplo, si aprueban esta ley – y ese fin no lo van a dar por perdido- que digamos que, incluso antes de terminar la Guerra Civil, el bando nacional ya legisló a favor de la excarcelación de presos; que apenas terminada la Guerra Civil, continuó legislando una batería de medidas que tendrían por objeto reducir las condenas de los presos sin delitos de sangre para incorporarse al trabajo, ante la inminente necesidad de reconstruir una Nación que había quedado privada de sus más elementales infraestructuras, y que, a diferencia de lo que ocurre en las dictaduras comunistas (ahí está la Historia, y ahí están los hechos; dejo las interpretaciones para el lector), el Decreto-ley con el indulto general se aprobó e hizo público seis años después de terminar la guerra, el 1 de octubre de 1945, que se ampliaría el 28 de enero de 1947, anulando la Ley de Responsabilidades políticas de 1939 que juzgó la conducta de cuantos participaron en aquella contienda. Y que ese Decreto de indulto, en su preámbulo dejó claro a quienes alcanzaba la medida porque distinguía al que había luchado defendiendo sus ideas republicanas, de los que habían incitado a las masas a la lucha aun sabiendo que tenían la guerra perdida, o habían protagonizado actos de violación, profanación, latrocinio y aquellas conductas que repulsa la condición humana. Todas aquellas medidas desembocaron en reducir la población penal de casi trescientos mil presos, al terminar la guerra, a poco más de ocho mil a la muerte de Franco. ¿Es esto lo que les molesta?